La televisión belga RTBF ha producido un valiente documental sobre la historia de Ali Aarrass, en su colección Témoignages (Testimonios), que pueden ver en la web y redes de esta cadena y que bien merece la atención del público español.
Porque la desdichada peripecia de Ali tiene mucho que ver con las responsabilidades e incumplimientos de España respecto de las obligaciones internacionales adquiridas en materia de derechos civiles, sumadas a las de Bélgica y Marruecos, el Estado ejecutor de las graves violaciones de derechos humanos padecidas por Ali, aún sin verdadera investigación oficial ni depuración de responsabilidades.
Aunque originariamente de nacionalidad marroquí, Ali es en buena medida melillense por haber vivido allí en su infancia, y belga por los 28 años transcurridos posteriormente en el país europeo, adquiriendo dicha nacionalidad en 1989, incluso prestando el servicio militar y desarrollando allí una buena parte de su vida. De vuelta a sus raíces melillenses en 2005, comenzó su pesadilla, al aparecer su nombre en investigaciones sobre grupos terroristas islamistas. No se formuló ninguna clase de acusación frente a él en España, pero, en 2008, fue detenido a instancias de las autoridades marroquíes, y extraditado al país vecino. Se autorizó la entrega con base en la sacrosanta cooperación antiterrorista, pese a la ausencia de evidencias sólidas en contra de Ali y a despecho de las advertencias del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que había manifestado que corría riesgo de sufrir tortura en Marruecos. Ali Aarrass denunció que había sido sometido a torturas u otros malos tratos bajo custodia entre el 14 y el 24 de diciembre de 2010, hechos que volvieron a producirse posteriormente ya en prisión. Las autoridades marroquíes nunca investigaron adecuadamente sus denuncias de palizas, descargas, violación con objetos, ahogamiento, mantenimiento colgado de las muñecas durante horas, etc. Un vídeo grabado clandestinamente en prisión muestra, de hecho, las reveladoras marcas de la brutalidad en el cuerpo de Ali. El 19 de noviembre de 2011, sin más base que unas declaraciones obtenidas mediante tortura, fue declarado culpable de utilización ilegal de armas y de formar parte de un grupo que pretendía llevar a cabo actos de terrorismo y condenado a 15 años de prisión, que se redujeron a 12 tras los sucesivos recursos. En 2012, el relator de la ONU para la tortura, Juan Méndez, que tuvo ocasión de conocer las condiciones de encarcelamiento de Ali Aarrass y que pudo promover su examen por un médico forense independiente, dio pleno crédito a las denuncias de torturas, y así lo puso de manifiesto a las autoridades marroquíes, para que cesase cualquier práctica de esta naturaleza y se investigase lo sucedido.
En 2013, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria pidió a las autoridades marroquíes que dejaran a Ali Aarrass en libertad de inmediato, tras concluir que había sido declarado culpable sin más fundamento que confesiones obtenidas por medio de tortura. En 2014, el Comité de la ONU contra la Tortura concluyó igualmente que la confesión había sido decisiva para declararlo culpable sin que se llevaran a cabo investigaciones adecuadas de la tortura que había denunciado.
Paralelamente, el Comité de Derechos Humanos de la ONU decidió, en julio de 2014, que España había incumplido las obligaciones contraídas en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al extraditar a Ali Aarrass a Marruecos. Asimismo, pidió a España que concediera a Ali Aarrass la debida indemnización y que tomara todas las medidas posibles para garantizar, en colaboración con las autoridades marroquíes, que su detención en Marruecos se ajustaba al derecho y las normas internacionales.
En 2015, el Comité contra la Tortura expresó también su preocupación por su extradición en 2010 y pidió a España que investigase sus denuncias de tortura. A pesar de numerosas decisiones de la ONU que confirman las violaciones de derechos humanos que Ali Aarrass sufrió, hasta la fecha las autoridades marroquíes y españolas no le han ofrecido resarcimiento alguno. Y tampoco lo han hecho las autoridades belgas, pese a su inacción en la protección de un nacional de dicho país. Ni las repetidas medidas de protesta de Ali ni las campañas internacionales en su favor consiguieron su liberación anticipada, que no se produjo hasta abril de 2020. Ali, finalmente, pudo viajar a Bélgica unas semanas después, para comenzar su recuperación y seguir su lucha por la verdad y la justicia.
Quienes, a través de Amnistía Internacional en Asturias, que ha trabajado durante años en el caso de Ali, hemos conocido de su viva voz la pesadilla a la que ha sobrevivido, sabemos que, pese al tormento infligido y los años robados, no parará hasta que se ventilen todas las responsabilidades por los crímenes de los que ha sido víctima. Ali quiere, y tiene derecho a ello, que se reconozca cómo el zarpazo de un Estado autoritario (Marruecos), donde la represión es constante (frente a los activistas sociales rifeños o los líderes saharauis en los territorios ocupados, por ejemplo), la práctica de la tortura es sistemática y la falta de garantías en los procedimientos judiciales es común, contó, al pronunciarse las palabras mágicas («lucha contra el terrorismo», que justifica todo y evita cualquier pregunta, al parecer), con la cooperación de España al entregarle pese a la repetida advertencia de que sucedería lo que luego acaeció (torturas y condena sin fundamento fáctico) y la complacencia de la propia Bélgica que, en la práctica, lo consideró un ciudadano de segunda indigno de su protección. La duda no es, por lo tanto, si el horror de la violencia estatal marroquí y la inicua colaboración activa u omisiva de las autoridades españolas y belgas detendrán los esfuerzos de Ali para obligar a que se rindan cuentas. La cuestión es si la sociedad civil de estos países será capaz de decirle a los aparatos de poder estatal que permitir o facilitar directa o indirectamente la tortura, en cualquiera de sus formas, es totalmente inaceptable, deslegitima el poder público y lo rebaja a la condición criminal de los autores, si no se depuran responsabilidades y se repara, en aquello que sea posible (porque ese dolor jamás se borra), el enorme daño causado.
